Allanamientos en Ipiales dejan dos detenidos e incautación de explosivos y munición
Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI de la Unidad Local de Ipiales, en articulación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, ejecutaron dos diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de dos ciudadanos venezolanos.
En el primer procedimiento fueron capturados Yurlitza del Carmen Fuentes Fuentes y Jean Carlo Ramo Castillo, quienes fueron judicializados como presuntos coautores del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
La investigación se adelantó por hechos relacionados con una vivienda ubicada en Ipiales, donde, según las autoridades, se almacenaban armas, municiones y sustancias estupefacientes.
Durante el allanamiento, los investigadores hallaron una granada, munición para pistola, tres teléfonos celulares y una gramera. De acuerdo con la Fiscalía, los capturados no contaban con los permisos legales para portar estos elementos.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por el ente acusador. Sin embargo, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
En una segunda diligencia realizada en una vivienda ubicada sobre la vía Panamericana, en cercanías de Ipiales, la Policía Judicial evidenció que en el segundo y tercer piso del inmueble funcionaba una fundación de rehabilitación para personas consumidoras de sustancias psicoactivas que no contaba con licencia de funcionamiento.
Según el informe de la Fiscalía, en el lugar fueron encontradas 75 personas adultas y 10 menores de edad, quienes presuntamente permanecían en condiciones inadecuadas. Ante esta situación, funcionarios de la Secretaría de Salud de Ipiales y uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia acompañaron el procedimiento.
Las autoridades informaron que los adultos fueron trasladados a diferentes albergues, mientras que los menores de edad quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que adelantará las acciones correspondientes para garantizar sus derechos.
