Cobro del alumbrado público en Ipiales continuará mientras avanzan procesos
Persisten las dudas y cuestionamientos frente a la aplicación de las tarifas del impuesto de alumbrado público en el municipio de Ipiales, aun después de la aprobación del Acuerdo 001 de mayo de 2026 por parte del Concejo Municipal.
El concejal Gustavo Estupiñán señaló que corresponde al alcalde de Ipiales informar oficialmente a la empresa prestadora del servicio, Cedenar, sobre la aprobación del Acuerdo 001 de 2026, mediante el cual se adoptaron las tarifas del alumbrado público que se encontraban vigentes en diciembre de 2025.
Por su parte, el abogado Erlinto Velasco advirtió que desde su mismo título, el Acuerdo 001 presenta inconsistencias en su redacción, lo que, según indicó, genera confusión jurídica sobre su alcance y aplicación.
A su vez, el contador público Gustavo Chalparizán recordó que este martes 30 de junio de 2026 vence el plazo otorgado por el Concejo Municipal al alcalde de Ipiales para la creación de la empresa de economía mixta que estaría encargada de administrar los recursos provenientes del nuevo impuesto de alumbrado público.
Chalparizán agregó que tanto el acuerdo relacionado con las nuevas tarifas como la iniciativa de creación de la empresa de economía mixta deberán ser objeto de análisis por parte del Tribunal Administrativo de Nariño. Mientras se adelantan estos procesos, los ciudadanos continuarán asumiendo el pago del alumbrado público, situación que afecta a los usuarios, especialmente a algunos propietarios de casetas comerciales, quienes pagan hasta 96 mil pesos mensuales, así como a habitantes de sectores rurales que continúan cancelando más de 5 mil pesos al mes, pese a no contar con el servicio de alumbrado público.
Frente a las posibles salidas jurídicas, el abogado Erlinto Velasco explicó que una de las alternativas es la presentación de una acción de nulidad simple, trámite que podría tardar hasta un año y medio en resolverse. La otra opción sería solicitar una medida cautelar de suspensión del acto administrativo, cuya decisión podría producirse en un plazo estimado de uno a dos meses.
De acuerdo con los expertos consultados, cualquiera de estos procedimientos implicaría que el cobro del alumbrado público continúe vigente mientras las autoridades judiciales adelantan el estudio y emiten una decisión definitiva sobre la legalidad de las medidas adoptadas por la administración municipal.
