Abogado explica el estado jurídico y contractual de la doble calzada Rumichaca–San Juan.
El abogado Andrés Martínez explicó la situación jurídica y contractual de la doble calzada Rumichaca–San Juan, proyecto adjudicado el 11 de septiembre de 2015 mediante un contrato entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Vial Unión del Sur, por un valor de 2,317 billones de pesos.
Según el jurista, la iniciativa fue estructurada bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP) de iniciativa pública, mediante el cual la totalidad de la inversión y los riesgos fueron asumidos por el concesionario, conformado por las empresas Sacyr, de España, y Sudinco Construcciones, de Ecuador. La recuperación de la inversión estaba prevista a través del recaudo de dos peajes: el de El Placer y otro proyectado en el sector del kilómetro 11, en Las Cruces.
Martínez señaló que la oposición de las comunidades a la instalación del segundo peaje modificó el desarrollo del proyecto, ya que este hacía parte de la estructura financiera diseñada para garantizar la viabilidad económica de la concesión. Posteriormente, el contrato fue objeto de varias modificaciones, entre ellas cambios en las unidades funcionales y en el trazado de la vía.
El abogado explicó que el 30 de enero de 2023 se firmó el acta de terminación de las unidades funcionales ejecutadas, con lo que concluyó la etapa de construcción y el contrato entró en fase de operación. No obstante, precisó que quedó pendiente la ejecución del tramo Rumichaca–San Juan, por lo que, en las condiciones actuales, considera que el proyecto no podría reanudarse con facilidad.
Aun así, indicó que, como cualquier contrato estatal, la concesión puede ser modificada si existe voluntad entre las partes y se cumplen los procedimientos legales correspondientes. Para ello, afirmó, será necesaria una renegociación contractual con el acompañamiento del Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y municipales, así como de las comunidades involucradas.
Martínez también cuestionó la falta de liderazgo institucional durante los primeros años del proyecto. En su concepto, las administraciones del entonces gobernador Camilo Romero y del entonces alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, no promovieron un diálogo oportuno con las comunidades indígenas para resolver las diferencias en torno al peaje proyectado, situación que, según afirmó, terminó afectando el desarrollo de la doble calzada.
Finalmente, sostuvo que los pronunciamientos sobre esta obra deben fundamentarse en el conocimiento de los aspectos técnicos y jurídicos vigentes del contrato, y no únicamente en discursos políticos.
