Fiscalía solicita medida de aseguramiento a exfuncionarios de la alcaldía de Ipiales
La construcción del Centro Comercial Popular de Ipiales (Nariño), donde serían reubicados los vendedores informales del municipio, habría estado rodeada de irregularidades en el proceso de contratación que son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y por las que ya hay decisiones.
Este 14 de junio, la Fiscalía imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en contra de Javier Eduardo López Castro, gerente del Fondo Rotatorio de Valorización de Ipiales (2008 – 2011), por los delitos de falsedad en documento público; y Javier Fernando de la Carrera Bravo, secretario de Planeación de Ipiales (2008 – 2011), como presunto responsable de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
En diciembre de 2010, la alcaldía de Ipiales adjudicó la obra al consorcio CPP Ipiales por $2.392.748.935 y, tres meses después, habría girado un anticipo al contratista del 50% del valor del acuerdo, sin que existiera una interventoría, requisito que exige la ley.
En abril de 2011 fue firmado el convenio de interventoría del contrato, y la administración municipal entregó un segundo anticipo al consorcio constructor. Según las evidencias de la Fiscalía, los dineros de los dos adelantos nunca fueron destinados al diseño o ejecución de la obra y al parecer pasaron a uso personal del contratista. La interventoría en su momento alertó que los anticipos fueron soportados con facturas y hechos ajenos a la realidad.
Finalmente, la Fiscalía constató que vencidos los plazos de ejecución de la obra, los exfuncionarios que serán imputados y el contratista suscribieron un acta para levantar el Centro de Comercio Popular sin que existiera licencia de construcción. Además, el lote del proyecto estaba invadido por comerciantes informales que se negaban a desalojar el lugar.
Por estos hechos, Gustavo Hernán Estupiñán Calvache, alcalde de Ipiales (Nariño) (2008-2011), era investigado por la Fiscalía General de la Nación, pero el 8 de noviembre de 2016 tomó posesión como Representante a la Cámara y el expediente fue enviado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que avance en el proceso, ante la nueva condición del servidor.
De esta forma, la audiencia de formulación de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento se realizará mañana 14 de junio, en el Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, y afectará exclusivamente a Javier Eduardo López Castro, exgerente del Fondo Rotatorio de Valorización de Ipiales y Javier Fernando de la Carrera Bravo, ex secretario de Planeación de Ipiales.
Como la justicia Colombiana de jueces magistrados o «togados»(ja,ja,ja) está muy corrupta seguramente los enviarán a la casa por cárcel desde donde pueden seguir delinquiendo y dirigiendo sus bandas y disfrutando del botín robado.
Es hora que Estupiñan responda por sus fechorias….Si en Colombia existe justicia habra una sanción, pero si esto queda en manos de los corruptos, haran fiesta y se cagaran de la risa. Ipialeños, si miramos como esta nuestro municipo es precisamente resultado de la cafila de hampones que nos han gobernado, es hora de cambio, no más de los mismos.
La Fiscalia General y la Corte Suprema, deben mostrar etica y sapiencia en las desiciones que adopten con relación a este problema, en donde varios exfuncionarios y un exalcalde estan comprometidos y esperamos que acorde a la investigación puedan en conjunto con los jueces tomar un fallo en Derecho. Igualmente y por el mismo camino que sigan las investigaciones de tantas cosas erroneas que han acaecido en la Administración Municipal, como los casos del relleno sanitario, de la plaza de mercado, de la quiebra del iservi, de la construcción de la IPS
Muerte del contratista
Después del proceso de selección de la licitación el proyecto de construcción del Centro de comercio popular fue asignado al consorcio CCP, cuyo representante legal era el arquitecto Fabián Ernesto Unigarro.
De acuerdo a las denuncias presentadas a la Fiscalía, del contrato de 2.485 millones se habría ordenado un desembolso de 890 millones de pesos, sin la firma del acta de interventoría respectiva.
Precisamente el día en que aparentemente se iba a realizar los trámites, y mientras practicaba ciclismo como habitualmente lo hacía por la avenida panamericana, en el sector del ordenador vial de Los Chilcos, el arquitecto Fabián Unigarro fue arrollado por un carro ‘fantasma’.
Al caer en una alcantarilla sufrió un trauma craneoencefálico que lo mantuvo en coma por espacio de 36 horas, después de lo cual falleció llevándose información clave para este proyecto.
Las autoridades abrieron las respectivas investigaciones sin que hasta la fecha se haya esclarecido con certeza las circunstancias que rodearon la muerte del contratista del proyecto.