Adición presupuestal genera debate sobre inversión en agua potable y seguridad
El secretario de Gobierno de Ipiales, Sebastián Folleco, manifestó que existe disposición de trabajar de manera articulada con el Concejo Municipal para avanzar en la discusión de la adición presupuestal de 6.500 millones de pesos y establecer las prioridades de inversión de estos recursos.
El funcionario señaló que, tras la elección de la mesa directiva del Concejo Municipal para la vigencia 2027, la Administración Municipal respeta las decisiones democráticas adoptadas por la corporación y espera mantener una agenda de trabajo conjunta, teniendo en cuenta la pluralidad política y los diferentes sectores de la comunidad que representa cada concejal.
Frente a la adición presupuestal, Folleco explicó que los 6.500 millones de pesos corresponden a recursos gestionados ante el Gobierno Nacional, mediante diferentes trámites y gestiones ante el Ministerio de Hacienda, que requieren la aprobación del Concejo Municipal para incorporarse al presupuesto del municipio.
Indicó que la propuesta de la Administración Municipal contempla distribuir estos recursos en diferentes proyectos, entre ellos iniciativas relacionadas con agua potable y seguridad. Sin embargo, reconoció que existe una posición de la coalición mayoritaria del Concejo para que la totalidad de estos recursos se destine a fortalecer la financiación del proyecto de la nueva planta de tratamiento de agua potable.
Frente a esta diferencia, el secretario de Gobierno consideró necesario abrir espacios de diálogo con los concejales para explicar el origen de los recursos, sustentar técnica y presupuestalmente cada iniciativa y llegar a consensos sobre las prioridades de inversión.
Finalmente, sostuvo que, aunque la problemática del agua potable es una prioridad urgente para Ipiales, también existen otras necesidades que deben ser atendidas. Por ello, planteó que el próximo año 2027 se proyecte una inversión prioritaria en el sector de agua potable, teniendo en cuenta las dificultades de tiempo para adelantar procesos contractuales y ejecutar nuevos proyectos durante los últimos meses de la actual vigencia.
